Declaración para el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso Nacional

Escrito por el 30 abr 2012 en Proyectos Legislativos, Proyectos Legislativos Presentados | 0 comentarios

Los diputados del Bloque Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form, presentaron un proyecto para declarar el apoyo de la Legislatura Porteña al pronto tratamiento del expediente Nro. 0951-D-2012 sobre despenalización del aborto y políticas públicas para el acceso al aborto seguro.

El proyecto de ley propicia  la despenalización, legalización y acceso al aborto seguro y que ha tomado como antecedente el proyecto de ley presentado anteriormente por el Bloque de Nuevo Encuentro (expediente 659-D-2010 de la Cámara de Diputados de la Nación). Sobre el mismo se han trabajado algunas modificaciones vinculadas, en términos generales, con los avances nacionales e internacionales en políticas públicas, legislación y derechos humanos.

La comunidad internacional reconoce que el aborto en condiciones de riesgo constituye una importante amenaza para la salud de las mujeres, adolescentes y niñas, causada por el impacto estructural de la prohibición del aborto y la discriminación.

Por otra parte, los casos de abortos no punibles que no se pudieron llevar adelante en los últimos años por distintos obstáculos en los sistemas de salud y en el poder judicial reforzaron la necesidad de generar una propuesta de cambio más profundo en relación con la legislación penal, de salud sexual y reproductiva, y de violencia contra las mujeres. En el caso LMR -una adolescente con discapacidad, embarazada como consecuencia de una violación-, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó al Estado Argentino por no haber garantizado el acceso a un aborto legal. El organismo consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven.

El aborto no puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres. Por ello, es oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, entre los cuales se incluye el respeto a la autonomía, a la salud integral y a la dignidad, entre otros.

Es necesario entender la problemática del aborto inseguro en condiciones de riesgo asociadas a su clandestinidad como un problema de salud pública que se expresa en nuestro país como la principal causa de muerte materna.

Así, el proyecto propuesto a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación establece una serie de modificaciones al Código Penal, a la Ley Nacional N° 25.673 (Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y a la Ley N° 26.485 (De Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales); con el fin de brindar una respuesta global a la problemática introduciendo profundos cambios sobre nuestro sistema normativo.

La ampliación de los casos de aborto no punible busca reducir al mínimo la criminalización de la mujer en cuanto esta sólo conduce a la clandestinidad de las prácticas, a abortos sin los cuidados profesionales, éticos y humanos que corresponden y en condiciones de salud precarias. Es sabido que la criminalización del aborto no reduce su número, sino que estos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte.

En el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular con relación a la prevención de la morbi-mortalidad materna por abortos inseguros, además de revertir la clandestinidad de esas prácticas, es fundamental la prevención de abortos inseguros así como los embarazos no deseados garantizando el acceso a métodos anticonceptivos.

Compartiendo en un todo el espíritu de las modificaciones propuestas, reafirmamos la obligación por parte del Estado de abordar esta problemática referida a la criminalización del aborto, tomando como punto de partida el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos.

DESCARGAR PROYECTO 1028-D-2012

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